domingo, noviembre 28, 2010

Ciudadanía de baja intensidad (Formosa como "zona marrón")


Es difícil entender cómo es que a esta altura de la historia en nuestro país siguen sucediéndose hechos trágicos como la brutal represión a los Qom en el feudo formoseño gobernado por Gildo Insfrán. Y más allá del repudio absoluto y el apoyo al pedido de renuncia e intervención federal de la provincia por parte de varios sectores políticos (recurso ampliamente utilizado en la historia de nuestro país incluso en la era K), intentaremos entender mejor por qué siguen sucediéndose este tipo de hechos que lamentablemente no están teniendo mucha difusión.

En principio hay que poner en su contexto histórico el problema y, en ese sentido, este post de Ezequiel Meler es interesante por el abordaje histórico al problema. Luego tenemos la entrevista que abre el post, realizada por Gabriel Levinas al dirigente Qom Félix Díaz (más al respecto aquí).

Y como este blog es predominantemente político hay un interesante artículo publicado por Guillermo O'Donnell en 1992 que es muy útil a la hora de entender las relaciones de poder y el contexto en el cual se dan estos hechos trágicos que, si lo pensáramos desde el sentido común, caeríamos en la idea de que sólo surge de un gobernador malvado y que, sin más que removerlo de su cargo, el problema se arreglaría. El artículo lo reproducimos parcialmente ya que es mucho más largo y aborda otros temas, pero está disponible aquí para los interesados.

Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas.


¿Qué ocurre cuando la efectividad de la ley se extiende muy irregularmente (si no desaparece por completo) por el territorio y las relaciones sociales (étnicas, sexuales y de clase) que, según se supone, debe regular? ¿Qué tipo de estado (y de sociedad) es éste? ¿Qué influencia ejerce sobre el tipo de democracia que surja?

En estas situaciones, estados ineficaces coexisten con esferas de poder autónomas y con base territorial. Esos estados son incapaces de asegurar la efectividad de sus leyes y sus políticas a lo largo del territorio y el sistema de estratificación social. Las regiones periféricas al centro nacional (que por lo general sufren más las crisis económicas y cuentan con burocracias más débiles que el centro) crean (o refuerzan) sistemas de poder local que tienden a alcanzar grados extremos de dominación personalista y violenta (patrimonial y hasta sultanista, en la terminología weberiana), entregados a toda suerte de prácticas arbitrarias. En muchas de las democracias que están surgiendo, la efectividad de un orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad del estado se desvanece no bien nos alejamos de los centros nacionales y urbanos.
(...)
Observemos qué ocurre en las regiones donde los poderes locales (tanto los públicos formales como los de facto) establecen circuitos de poder que operan según procedimientos incompatibles, cuando no antagónicos, con la legalidad que supuestamente regula el territorio nacional. Estos son sistemas de poder privado (o, mejor dicho, de poder privatizado, pues muchos de los principales actores ejercen cargos estatales), en los que varios derechos y garantías de legalidad democrática no tienen efectividad. Esta situación se extiende a numerosas relaciones privadas generalmente resueltas, aún por el Poder Judicial de esas regiones, sobre la base de las asimetrías de poder existentes entre las partes.

Si bien dichas regiones, neofeudalizadas, poseen organizaciones estatales (nacionales, provinciales y municipales), la obliteración de la legalidad les quita a los circuitos de poder regional, incluso a los organismos estatales, la dimensión pública, legal, sin la cual el estado nacional y el orden que éste sustenta desaparecen. Es probable que el error de reificar el estado no resulte evidente cuando se teoriza sobre países homogéneos, pero se pone de manifiesto cuando la aniquilación de su dimensión pública hace que algunas organizaciones estatales se vuelvan parte de los circuitos de poder perversamente privatizados.

Algunos sectores del nordeste y el Amazonas en Brasil, el altiplano en Perú y varias provincias del centro y noroeste de la Argentina son ejemplos de la evaporación de la dimensión pública del estado y, en consecuencia, de su extraña “reificación” al quedar integrado exclusivamente por organizaciones que, en esas regiones, son parte de circuitos de poder privatizados, a menudo sultanistas.

Imaginemos un mapa de cada país donde las zonas color azul señalan un alto grado de presencia del estado, tanto en el aspecto funcional como territorial (es decir, un conjunto de burocracias razonablemente eficaces y la existencia de una legalidad efectiva), las verdes indican un alto grado de penetración territorial y una presencia mucho menor en términos funcionales y las marrones significan un nivel muy bajo o nulo de ambas dimensiones. De esta manera, en el mapa de Noruega, por ejemplo, prevalecería el azul; en el de Estados Unidos se vería una combinación de azul y verde, con importantes manchas marrones en el sur y en las grandes ciudades; en Brasil y Perú el color predominante seria el marrón y en la Argentina la extensión de este color sería menor pero, si contáramos con una serie temporal de mapas, podríamos ver que esas zonas marrones se han extendido últimamente (nota: el artículo es de 1992).

En estas zonas hay elecciones, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales (en muchos casos sobrerrepresentados en las legislaturas nacionales). Aún cuando pueden ser los partidos de esas provincias miembros nominales de partidos nacionales, no son más que máquinas personalistas ansiosamente dependientes de la prebendas que puedan extraer de los organismos estatales, tanto nacionales como locales: Estos partidos y los gobiernos locales funcionan sobre la base de fenómenos tales como el personalismo, el familismo, el prebendismo, el clientelismo, y otros por el estilo. Como saben los antropólogos, este mundo se rige por un conjunto de reglas minuciosas, aunque no escritas; en él existen en oposición a las sociedades "tradicionales", burocracias estatales, algunas de ellas grandes y complejas, muy mal pagas y politizadas.

Estos circuitos de poder están representados en el centro de la política nacional, comenzando por el Congreso, la institución que supuestamente es la fuente de legalidad nacional. Por lo general, los intereses de los legisladores "marrones" son bastante limitados: sostener el sistema de dominación privatizada que los ha elegido y canalizar hacia ese sistema la mayor cantidad posible de recursos estatales. Por eso, la tendencia de sus votos es conservadora y oportunista: dependen para su éxito del intercambio de "favores" con el Ejecutivo y varias burocracias estatales.

Si el Poder Ejecutivo es débil, esos representantes suelen obtener el control de los
organismos estatales que suministran dichos recursos. Esto aumenta la fragmentación del estado (y sus déficit): el marrón se extiende hasta la cúspide burocrática del estado. Además, tanto en el Congreso como fuera de él, esos individuos sacan provecho de partidos que no sólo tienen muy bajo contenido ideológico (lo que per se no es necesariamente malo), sino que adoptan posiciones absolutamente oportunistas y carecen de disciplina. Un extremo transformismo es la regla. Algunos análisis recientes han señalado las negativas consecuencias que esto provoca en el funcionamiento del Congreso y en el surgimiento de un sistema partidario razonablemente estable (esp. Mainwaring, 1990), lo cual por cierto no es demasiado propicio para la institucionalización de la democracia.

También, por razones evidentes, estos políticos convergen con la orientación delegativa y cesarista del Poder Ejecutivo en su hostilidad a cualquier forma de responsabilización (accountability) horizontal. Y aún cuando a veces tienen graves conflictos con el Ejecutivo, suelen ser sus aliados contra el surgimiento de sólidas instituciones representativas.
(...)
En los países con grandes áreas “marrones” las democracias se basan en un estado esquizofrénico,en el que se mezclan, funcional y territorialmente, importantes características democráticas y autoritarias. Se trata de un estado cuyos componentes de legalidad democrática y, por lo tanto, de lo púbiico y lo ciudadano se esfuman en las fronteras de diversas regiones y relaciones de clase, étnicas y sexuales.

En tanto forma política efectiva sobre un territorio, la democracia se relaciona necesariamente con la ciudadanía, y esta sólo puede existir dentro de la legalidad de un estado democrático. La completa universalización de la ciudadanía es un ideal al que las democracias realmente existentes se aproximan en mayor o menor medida. Sin embargo, para las teorías del estado y de la democracia que manejamos, no deberían desecharse por irrelevantes las grandes (y crecientes) zonas marrones en muchas de las nuevas democracias.

Tampoco debería suponerse que alguna virtud intrínseca de la democracia política y/o del cambio económico hará que esas zonas desaparezcan. No se trata, como en el caso de las democracias institucionalizadas, de algunos componentes autoritarios en un estado que aún así puede considerarse democrático. En los países que estudiamos en este artículo la dimensión autoritaria se entremezcla en forma compleja e intensa con la dimensión democrática. Esto exige que reconceptualizemos el estado y la democracia (y el régimen) existentes en cada caso.

Un estado incapaz de imponer su legalidad sustenta una democracia con una ciudadanía de “baja intensidad”. En muchas de las zonas marrones se respetan los derechos políticos de la poliarquía. Por lo general, los individuos no están sometidos a coacción directa cuando votan; sus votos se cuentan correctamente; pueden crear prácticamente cualquier tipo de organización, expresar sus opiniones sin censura y moverse libremente dentro y fuera del territorio nacional. En estas zonas se cumplen estas y otras características de la poliarquía. Esto es lo que diferencia a Polonia y la Argentina, por un lado, de Rumania y Guatemala, por el otro.
(...)
Aún en las zonas marrones de las nuevas democracias prevalecen, por lo general,
condiciones específicamente políticas que satisfacen las condiciones estipuladas para la existencia de la poliarquía. No obstante, es común que los campesinos, los residentes en barrios pobres, los indios, las mujeres, etcétera, no reciban un trato justo en los tribunales, ni gocen de acceso a servicios públicos a los que tienen derecho, estén a salvo de la violencia policial, carezcan de derechos laborales, etcétera. Estas son restricciones “extrapoliárquicas” pero políticamente fundamentales: implican la inefectividad del estado en tanto ley y la cancelación de algunos derechos que son tan constitutivos de la democracia como el de votar sin coacción.

Esto origina una curiosa bifurcación: en muchas zonas marrones se respetan los derechos participativos y democráticos de la poliarquia, pero se viola el componente liberal de la democracia. Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el recuento de los votos pero en la que no puede esperarse un trato correcto de la policía o de la justicia, pone en tela de juicio el componente liberal de esa democracia y cercena severamente la ciudadanía. Esta bifurcación constituye el reverso de la moneda de la compleja mezcla de componentes democráticos y autoritarios en estos estados.

La negación de los derechos liberales (en general, aunque no exclusivamente) a los pobres y a otros sectores discriminados es analíticamente diferente de los distintos grados de democratización social y económica y no supone una relación mecánica con ellos. Sin embargo, empíricamente varias formas de discriminación, la pobreza generalizada y su correlato una extrema disparidad en la distribución de los recursos (no sólo económicos) van de la mano con baja intensidad de la ciudadanía (sigue aquí)

Saludos
D.F.

6 respuestas:

Damián Galarza dijo...

Excelente post, Diego. Es importante que reflexiones como la tuya se lean sobre este asunto, amén de que haces referencia al texto de Guillermo O'Donell, el cual desconocía.

Un abrazo.
Damián.

Eduardo Real dijo...

Formosa es un estado ficcional, el espacio en el mapa que sobra entre otras provincias y países. Debe crearse un estado desde cero, con la intervención federal inmediata que remueva a los "tres poderes" ficticios que existen simulando serlo.

Y veo con preocupación el silencio que baja desde la Rosada. La historia del Kirchnerismo no es precisamente ésta, aún cuando pueda aducirse que todos los poderes que actuaron en este caso son de jurisdicción provincial. Y aquí sí que el silencio NO ES SALUD.

Como decía un amigo, para casos como este en que se encuentran involucradas nada menos que las banderas fundacionales del Kirchnerismo, "Un barril de mierda con una cucharada de vino es mierda. Y un barril de vino con una cucharada de mierda, también."

Ezequiel Meler dijo...

Muy buen post. Gracias por la cita. Efectivamente, tenemos situaciones provinciales donde la formalidad del mecanismo democrático no alcanza para todos, con desprotección y discriminación por situaciones de etnia y de clase al mismo tiempo. En esa medida, es natural que las instituciones locales no respondan. Me temo que todo depende de la firmeza del Gobierno Federal

olmo dijo...

no todo depende de la firmeza del gobierno federal ezequiel, es importante que en cada terriotorio se logran espacios de poder que puedan combatir y reemplazar a estas fuerzas. cuando en un provincia gobiernan hobres corruptos y ligados a los negocios de la zona no solo se debe al aparato que puedan montar, si no tambien a la falta de una opción politica distinta y con peso. 

Alcides Acevedo dijo...

Perdón: ¿No era Formosa la provincia en la que se encerraba a los indígenas en corrales en los días previos a la elección de auroridades?
¿Estas maniobras no eran en favos de Kirchner?
Creo recordar que sí, kirchnerismo es crimen y atropello. 

LauraGalletita dijo...

El boludismo es sinónimo de crimen y atropello, sr Acevedo.

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