sábado, septiembre 06, 2008

Deuda Genocida



Dejo esta excelente y certera columna de Carlos Slepoy publicada hoy en Página/12 acerca de un tema recurrente en el blog: la imposible disociación del exterminio genocida del plan económico. El artículo está íntimamente ligado con posts como este, este y este otro entre varios más.

Plan económico y plan de exterminio

Por Carlos Slepoy

En nuestro país se están celebrando juicios y se han dictado sentencias de gran trascendencia en relación con los crímenes cometidos por la última dictadura militar. En casi todas las causas, los afectados son miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Existen unos pocos funcionarios o civiles imputados, pero en todos los casos por su implicación directa en delitos contra la vida y la integridad física. No me referiré a ellos en este artículo ni a otros responsables civiles que en distintas formas colaboraron con los golpistas ni al genocidio económico y social que, por una planificación consciente de la miseria y la exclusión, tiene su comienzo en la dictadura y su continuidad durante el gobierno de Carlos Menem. Voces más autorizadas que la mía, como la del eximio abogado argentino Alberto Pedroncini, han denunciado en foros judiciales y de otra naturaleza que las políticas que lo provocaran deben ser consideradas como violatorias de derechos humanos económicos, sociales y culturales fundamentales y sus responsables deben en consecuencia ser sometidos a la acción de la Justicia.

Me limitaré a fundamentar que igual responsabilidad criminal que a los ejecutores directos del exterminio les cabe a quienes concertaron con ellos el plan económico de la dictadura. Y que por ello deben ser juzgados.

El 13 de julio de 2000 fue dictada sentencia por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 de la Capital Federal a cargo de Jorge Ballesteros en la célebre causa impulsada por Alejandro Olmos. Esta resolución señaló los múltiples delitos que cometieron los responsables del área económica. Entre otros, que con avales del Estado se contrajeron préstamos de empresas privadas que, a su vencimiento, fueron pagadas con fondos públicos sin que se intentara recuperar lo abonado; que el endeudamiento del sector privado se hizo público a través del régimen de seguro de cambios; que se contrajeron deudas a nombre de empresas estatales que nunca ingresaron a sus patrimonios; que no existen registros de las supuestas deudas. La deuda externa de la Nación –concluye– “... ha sido groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los distintos métodos utilizados... que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

Como es conocido, la fraudulenta deuda externa pasó de 7815 millones de dólares en marzo de 1976 a 45.087 millones de dólares en diciembre de 1983. El incremento de esta deuda durante los gobiernos constitucionales y el pago de intereses, sin que nada se haya hecho para deslindar la deuda legítima de la ilegítima, tiene hipotecado desde entonces al país y condiciona su soberanía.

En el primer “gabinete” de la dictadura todos los ministerios estaban a cargo de militares, con excepción de los relacionados con el área económica. Al frente de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz; de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein; de Hacienda, Juan Ernesto Alemann. Estos y los que les fueron sucediendo implementaron el plan económico en connivencia con la cúpula militar. Los delitos cometidos por unos y otros son jurídicamente inescindibles. La dictadura se implantó, entre otros motivos, para hacer posible el plan económico y éste no podría haberse implementado sin el plan de exterminio.

Surge de la resolución judicial la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina, de la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, de los directores de empresas públicas y de los funcionarios de jerarquía superior de los organismos de control y fiscalización que estuvieron dirigidos –además de los ya nombrados– por Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Roberto Alemann, Christian Zimmerman, Domingo Felipe Cavallo, Julio Gómez, Julio González del Solar, José Machinea, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Francisco Soldati, Enrique Forcioni y Manuel Solanet, entre otros.

Algunas de las numerosas empresas, grupos de empresas y entidades financieras beneficiarias del plan económico a que la sentencia se refiere fueron Celulosa Argentina, Macri, Techint, Bridas, Pérez Companc, Acindar, Ford, Ledesma, Astarsa, Mercedes-Benz, Alpargatas, Papel Prensa, Banco de Italia, City Bank, First National Bank, Chase Manhattan Bank y Bank of Boston. Muchos de los directivos de estas empresas prestaron además una eficiente y conocida colaboración para que miembros de cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas sindicales fueran secuestrados y torturados. Muchos de ellos han sido asesinados o están desaparecidos.

La sentencia, clara y contundente en los hechos que consideró acreditados –producto de un enorme caudal probatorio– y en sus conclusiones, es desoladora en cambio en su pronunciamiento: entendió que estaba prescripta la acción penal y, en consecuencia, no había lugar a exigir responsabilidades criminales al único imputado –José Alfredo Martínez de Hoz– ni al resto de los responsables. Resolvió en consecuencia remitir las actuaciones judiciales al Congreso para que determinara si acaso pudieran caberles a los implicados responsabilidades políticas. De este modo –al igual que ocurría hasta entonces con los ejecutores directos del exterminio–, los responsables de la conducción económica quedaban en la impunidad. En síntesis, no es que no existieran hechos delictivos sino que no podían ser juzgados porque la acción penal estaba prescripta.

En el año 2000, cuando se dictó la sentencia, no existía ninguna resolución judicial que calificara a los crímenes cometidos por la dictadura como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Hoy la situación es radicalmente distinta. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida han sido anuladas por contrariar normas fundamentales del Derecho Internacional y de la Constitución Argentina, y la Corte Suprema ha declarado que los delitos cometidos durante y por la dictadura son imprescriptibles.

La Convención Internacional para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 –a la que la Argentina se adhirió mediante el Decreto-Ley 6286/1956 del 9 de abril de 1956– incluye como conductas sancionables el genocidio, la asociación para cometer genocidio y la complicidad en el genocidio, y dispone que serán castigados quienes lo cometan, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. En igual sentido, la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, incluido el genocidio, del 26 de noviembre de 1968 –aprobada por la Argentina el 23 de noviembre de 1995– dispone que se entenderán como responsables los representantes de la autoridad del Estado y los particulares que participen como autores o cómplices en su comisión. No existe por lo tanto obstáculo legal alguno para procesarlos y juzgarlos por su responsabilidad criminal en los distintos delitos económicos que se han reseñado. Pero además, y fundamentalmente, porque se asociaron para cometerlos con quienes por la fuerza tomaron el poder, implantaron el terror generalizado y destruyeron múltiples grupos sociales, sindicales, políticos, religiosos, culturales para cometer el genocidio. Son coautores del mismo.

¿Nos hemos de resignar a que queden impunes? Hasta ahora ni uno solo de estos responsables ha sido sometido a la Justicia. Les cabe una especial responsabilidad en este cometido al Gobierno nacional y al Ministerio Público, que deben impulsar la acción judicial. La mayor parte de los males que hoy padecemos tiene su origen en aquella época siniestra. No hay candidez en este planteo ni ignorancia de las fuerzas en pugna, sino la convicción de que una iniciativa de esta naturaleza –como la que tuvo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner cuando impulsó en el Parlamento la nulidad de las leyes de impunidad–, además de profundizar en la lucha por la Justicia, contará con el caluroso apoyo de vastos y mayoritarios sectores del pueblo argentino, aunque soliviante a los implicados y a distintos y poderosos grupos de presión. Como ha de ocurrir con toda medida que recupere para el patrimonio nacional las empresas y riquezas naturales que le fueron ilegalmente sustraídas.

Saludos
D.F.

11 respuestas:

German L. dijo...

Ay Diego, sos un cabeza dura... no entendiste todavía que "no hay que mirar atrás"?
Un saludo, muy buena la nota.

mx dijo...

¿Qué pasó con post de Jaimito?

Diego F. dijo...

Germán: Y sí, vivo en el pasado y no pienso en el futuro.. hay que mirar adelante porque no se puede manejar mirando el espejo retrovisor :P

Mx: Lanata cambió la noticia que había linkeado y perdió la gracia.

Saludos

GAL dijo...

b

recomiendo esta lectura de Zaiat
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-110863-2008-09-03.html
Saludos
GAL

Martin - Destructor de Mitos dijo...

Coincido en que es un robo tener que pagar deudas que tomaron otros sin nuestro consentimiento.

De hecho, debería eliminarse de raíz el problema impidiendo que el estado tome nuevas deudas sin la autorización expresa de cada uno de los ciudadanos.

Saludos!

Anónimo dijo...

Chavez y Correa pagaron también sus deudas.

Realmente creen que EEUU y el FMI quiere que cancelemos la deuda?? Quieren que sigamos deviendo para poder meter su mano diabólica en la política interna de nuestro país.

Los liberales sostienen que hay que negociar y pagarlas de a poco, no cancelar la deuda como se hizo para poder lograr soberanía y evitar el golpe financiero dirigido desde las potencias internacionales.. Nos nos engañemos ni sigamos confundiendo al campo popular.

No olvidemos que los K impusaron la recuperación del Estado como herramienta política definitoria de los destinos nacionales. Frente al Dios Mercado que pregonaba el Consenso de Washington.

No olvidemos la recuperación de nuestra historia reciente vapuleada por el radicalismo alfonsinista con la desmalvinizacion y la Teoría de los Dos Demonios. A partir de Kirchner comienza a recuperarse la importancia de la militancia política de los 60 y 70.

No olvidemos la integración política y económica con otros países de Latinoamérica en vistas al fortalecimiento del Mercosur, frente al proyecto neocolonial y anexionista (ALCA) de EEUU sobre la región.

No olvidemos el avance contra la Deuda Externa que ató históricamente los destinos de nuestra Nación a los intereses del Banco Mundial y del FMI. El pago total de la deuda con el FMI (la menor en términos cuantitativos, la mayor en términos políticos en cuanto a sus condicionamientos)fue un avance importante en la recuperación de soberanía política para lograr mayor independencia económica..

No olvidemos las 4 millones de personas que recuperaron el empleo y el mejoramiento de redistribución de la riqueza que se logró. Hoy la relación capital-trabajo es aproximadamente del 75-25 por ciento. En tiempos de Perón, nuestros trabajadores gozaban con el 50 % del Producto Bruto Interno (PBI). Quizás el mayor desafío que tenemos en la construcción de un mayor Poder Popular sea justamente el de lograr avanzar ofreciendo una correlación de fuerzas favorable para el gobierno en medidas que vayan en este sentido. Redistribución de la riqueza implica volver a parar un aparato productivo desmantelado, que permita avanzar contra la desocupación.

El surgimiento de los Kirchner en la escena política argentina nos obliga a pensar en otras formas de concebir la construcción del Poder Popular. En principio, nos obliga a salir definitivamente de las trincheras de la resistencia, de las pequeñas construcciones aisladas espacial y sectorialmente, para empezar a apostar a las grandes construcciones. Se impone la necesidad de una herramienta política que encauce en su seno y potencie a su vez todo lo que hasta el momento se venía construyendo por las partes.

JP Evita

Anónimo dijo...

Evita: No te olvides que este año pagamos solamente en intereses de la deuda el equivalente al presupuesto nacional de salud y el de educacion sumados.

RA

Tito dijo...

Los nombres de los auspiciantes vendrían a ser la "descendencia del proceso" de la conferencia de videla que posteaste, no? Pero faltan unos cuantos en la lista!
Es muy bueno el articulo, es tan grande el tema y nos tiene atados y lo peor, a todos les parece re-dado que es incambiable. Que bien que funciona la dictadura mediatica. Esto deberia ser un gran escandalo pero ni siquiera se discute.

Mariano dijo...

Estaría bueno que lean algunas de las muchas entrevistas a Alejandro Olmos, sus investigaciones y denuncias están muy bien fundadas.
Como para agregar algo más sobre el tema les paso una nota publicada por Lanata hoy:


Alejandro Bercovich

La deuda de u$s 6.700 millones que ordenó pagar Cristina Kirchner al Club de París tiene origen en gastos de la dictadura para comprar armas, en un gasoducto que proyectó una empresa holandesa pero terminó pagando Gas del Estado y en créditos que pidieron empresas públicas a bancos europeos y japoneses pero que sólo sirvieron para alimentar la fuga de capitales y la “plata dulce” de los 70.

En 1985, un equipo de auditores del Banco Central demostró que una parte de los fondos nunca había llegado al país, pero la deuda igual fue reconocida por el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue por recomendación del economista Carlos Melconian, actual consultor de la City y por entonces jefe departamental del Central.

En 1996, cuando Domingo Cavallo reunió los datos en un informe único, los préstamos que el Ministerio de Economía reconocía a las naciones ricas del Club de París eran por un total de 8.038 millones de dólares. El mayor salto previo se había dado en los 80, de la mano de la firma holandesa Nacap B.V., accionista mayoritaria de Cogasco S.A., consorcio creado durante la dictadura para construir el gasoducto Central Oeste.

El ducto, que une Neuquén con Mendoza, costó unos 900 millones de dólares. Los auditores del Banco Central que reclutó Alfonsín para estudiar las deudas de la dictadura descubrieron que “la operación más significativa correspondía a fondos no ingresados al país”. Así consta en los informes de la entidad y en la causa que inició el periodista Alejandro Olmos ante el juzgado de Jorge Ballestero.

“Nosotros comprobamos que además de la deuda inflada que descubrieron en el Central, una parte los bienes que tenían que importarse para el gasoducto nunca llegó a entregarse”, explicó a Crítica de la Argentina Juan Carlos Foerster, secretario del juzgado de Ballestero.

El 24 de agosto de 1987, el Central igual decidió “registrar como deuda de la Argentina y de Gas del Estado” un total de 955 millones de dólares a favor de Holanda, que había financiado y garantizado la operación. La excusa fue que los vencimientos serían “refinanciados dentro del marco del Club de París”, tal como reza el informe 483/233 que firmó ese día Melconian como jefe del área de Deuda Externa.

Según los datos que distribuyó el martes pasado el Gobierno, a Holanda se girarán unos 605 millones de dólares. La diferencia con los 955 millones originales surge de que los Estados ricos sólo absorbieron parte de las acreencias de sus empresas. El resto se reestructuró varias veces y una porción incluso se titularizó mediante el plan Brady, que transfirió la deuda de la banca a tenedores privados.

La Presidenta dijo que un 45% del pasivo con el Club correspondía a créditos tomados antes de la vuelta de la democracia. Pero por el escaso rigor de los registros oficiales y por el lobby de los acreedores externos y sus colaboradores locales desde 1976 hasta hoy, rastrear el origen de la deuda resulta prácticamente imposible.

El contador Omar Miliano, uno de los que contrató Alfonsín y que todavía trabaja en el Central, también recordó que “Martínez de Hoz obligaba a las empresas públicas a endeudarse. Los dólares iban a las reservas para sostener la tablita”. Las firmas estatales recibían pesos que luego se licuaban por la inflación. Así, según Foerster, YPF contrajo compromisos por al menos 300 millones de dólares con el Banco de Tokio. Ahora, incluyendo otros pasivos, Japón recibirá casi 1.700 millones.

Los Estados europeos también se hicieron cargo de deudas que dejó impagas la dictadura argentina. Por caso, una siderúrgica alemana que proveyó submarinos para la Armada a pedido de Emilio Massera. Los investigadores calculan que los pertrechos militares engordaron la deuda en unos 10 mil millones.

Entretelones de una renuncia

mí no me echaron. Yo pedí no renovar mi mandato en el Fondo y retomo el cargo que dejé en la Organización Mundial de Comercio. Es cierto que me voy por diferencias sobre la gestión, pero el que tiene diferencias con Economía soy yo; no al revés."

El saliente representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, se despegó así del Gobierno, en diálogo con Crítica de la Argentina. Y desmintió que lo hayan desplazado, como anunciaron el viernes voceros oficiales. Aunque no quiso abundar sobre esas "diferencias" con la cartera de Carlos Fernández, cerca de Torres revelaron que la relación terminó de quebrarse cuando el funcionario recomendó no pedir el último préstamo a Venezuela por 1.000 millones de dólares.

Una misión del FMI en Caracas había adelantado días antes que los bancos de ese país ya tenían demasiados bonos de deuda argentinos y saldrían rápido a venderlos, deprimiendo su valor en el mercado. Al final, eso fue lo que ocurrió. Torres -quien ocupaba el cargo desde 2003 y será reemplazado en noviembre por Pablo Pereyra- tampoco defendía el pago al Club de París.

Germán dijo...

Diego: recien lei tu post sobre manipulación y creo que se puede explicar la resignación con el punto 3:

3. La estrategia del contecimiento inevitable y la resignación

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es presentarlo como “dolorosa pero necesaria”, obteniendo el acuerdo del público en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Deja más tiempo para que la sociedad se acostumbre a la idea de un cambio inevitable y de aceptarlo con resignación cuando llegue el momento.

Gime dijo...

EXCELENTE LA IMAGEN!!!

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