viernes, octubre 13, 2006

Lo que Bignone nos debe.


El fiscal Guillermo Marijuán denunció a Reynaldo Benito Bignone por defraudación al Estado. La cuestión es así: en 1990 el usurpador armado al Estado que alienta a los jóvenes a "terminar lo que ellos no supieron ni pudieron" pidió una pensión graciable al Estado democrático amparándose en la ley 16.989 sancionada por el dictador Onganía y efectiva a partir del 26 de octubre de 1966.

Lo absurdo del caso -dado que la ley prevé dicha pensión para expresidentes y vicepresidentes y el sujeto en cuestión es un usurpador del puesto- es que se la dieron y, desde 1990, cobra lo mismo que un ministro de la corte suprema.

Haciendo una estimación a ojo en dólares, si tenemos en cuenta que el sueldo de un ministro de la corte hoy en día ronda los 5000 dolares, y lo multiplicamos por los 15 años transcurridos y sin contar los intereses, el represor le debería al Estado algo así como u$900,000 (novecientos mil dólares).

La noticia, que fué publicada en página/12 de hoy, habla de suspenderle el beneficio e investigarlo a él y a los funcionarios que le otorgaron la pensión.

Según el fiscal Marijuán “Debemos hablar claramente de la comisión de un delito por parte del nombrado, ya que al no haber ostentado legítimamente el cargo de presidente de la Nación Argentina, no debe considerárselo como tal, y por ende debe hablarse de una percepción ilícita de la totalidad de haberes devengados en tal sentido desde su génesis hasta la fecha, lo cual representa un desmedro a las arcas del Estado Nacional”.

El delito que se le imputa es defraudación contra la administración pública, y cayó en el juzgado a cargo del juez Norberto Oyarbide.

Debiera estar más que claro que ninguno de los genocidas que usurparon el Estado tienen derecho a percibir ningún tipo de beneficio ya que ningún ciudadano de la república Argentina los votó. A la hora de fallar, el juez Oyarbide -además de penarlo a Bignone y a los que le hayan otorgado el beneficio- debería obligarlo a restituirle al Estado cada centavo que se robó, sin olvidarse de los intereses por los años transcurridos.

Lo tremendo de todo esto es que Bignone no es el único que tiene privilegios por su labor de ejercer una dictadura. Hay unos cuantos en la lista de jubilaciones de privilegio que participaron actívamente en la usurpación armada al Estado. Y si tenemos en cuenta que sólo Bignone nos debe bastante más que 900,000 dólares, es absolutamente necesario en un país donde el 40% son pobres, quitarles el beneficio y obligarlos a pagar su deuda para con el Estado.

No nos quedemos sólo con Bignone, estos genocidas no sólo deben ser juzgados por los delitos de lesa humanidad. Hay que demostrarle a la sociedad que un criminal jamás bajo ningún concepto puede ser, en un Estado serio, un privilegiado.

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¿Dónde está Julio López?

Saludos
D.F.

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